Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de
modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las
libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura
a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales
y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al
proyecto, y declaramos que:
- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de
los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a
la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela
judicial efectiva y a la libertad de expresión. - La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir
siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre
sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el
artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial
-un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de
impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web. - La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo
el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos
campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la
creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y
ralentizando su proyección internacional. - La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos
creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los
sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente
la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen
prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de
multitud de fuentes diferentes. - Los autores, como todos los trabajadores,
tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas,
modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones.
Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que
no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su
modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y
en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían
buscar otro modelo. - Consideramos que las industrias culturales necesitan
para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y
que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de
limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen
perseguir. - Internet debe funcionar de forma libre y sin
interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden
perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber
humano siga siendo libre. - Exigimos que el Gobierno garantice por ley la
neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que
pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía
sostenible y realista de cara al futuro. - Proponemos una verdadera reforma del derecho de
propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la
sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los
abusos de las entidades gestoras. - En democracia las leyes y sus modificaciones deben
aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado
previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se
realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en
una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.






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“Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en Internet””